No a la reforma de la Ley 30

La solución Es La Lucha Democrática de Masas.

Las iniciativas con que el presidente Santos mantiene la ruta privatizadora y antinacional de los últimos tiempos son motivos suficientes para que estudiantes, profesores y trabajadores protesten.

Si a la universidad se la trata como algo indeseable y prescindible, al sector privado se le extiende la alfombra roja para que se tome la educación superior en Colombia. Aquí esta un problema que la comunidad universitaria deberá enfrentar: a la manera como se actuó con el sector de la salud, viene la privatización a fondo de la educación superior. Esto solo podrá ser derrotado con un vigoroso movimiento de masas de los tres estamentos universitarios, con el apoyo de la población, que reivindiquen el papel de una educación de nuevo tipo: científica, que instruya en los más altos contenidos de la ciencia y del conocimiento; nacional, orientada a beneficiar a la población y a la nación colombiana, y democrática porque implica el respeto de las libertades y los derechos. La resistencia la liderará el estudiantado, que con su ímpetu fijará el rumbo de lucha a los demás estamentos universitarios y corresponderá a todos, al estudiantado en primer lugar, analizar, debatir, proponer y principalmente movilizarse para echar atrás este engendro neoliberal y exigir las verdaderas financiación, autonomía, democracia, formación académica y gratuidad en procura de una verdadera educación nacional y científica al servicio del pueblo, haciendo realidad la consigna POR LA DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA.

Es hora de que la sociedad colombiana se una para hacer valer el proyecto constitucional del Estado Social De Derecho, que realmente garantice los derechos fundamentales a la salud, la educación, el trabajo, la seguridad social y el ambiente sano y sustentable. No más extracción de renta de los derechos ciudadanos. Construyamos un frente amplio por la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, de carácter universal, público y gratuito. 

¡Por la defensa de la educación como derecho y bien público!

Senador Robledo habla de la reforma a la ley 30.

 

"Más cobertura, menos recursos y más privatización".

“Camino a la Prosperidad Privatización”

La propuesta del Gobierno para Reformar la Ley de Educación Superior (Ley 30 de 1992) causo malestar y deja inquietudes en la comunidad universitaria. Aunque todos coinciden en que es hora de reformar la norma, existen posiciones del Gobierno y del sector universitario que chocan.

Estudiantes, docentes de las universidades y ciudadanos coinciden en que la mayoría de sus artículos (y en especial aquellos sobre temas financieros y de autonomía universitaria) no benefician la calidad de educación ni de vida de los colombianos.

Es indignante que la obligación de destinar el 2% del presupuesto total a bienestar universitario se elimina (aparece en un documento –art. 145- y desaparece en otros dos). Corresponde al art. 118 de la Lay 30 aun vigente.

Sumémosle que la obligación del art. 119 de la ley 30 aun vigente que establece que “Las instituciones de educación superior garantizarán campos y escenarios deportivos, con el propósito de facilitar el desarrollo de estas actividades en forma permanente”, fue eliminada.

Además, se evidencian claras lesiones a la autonomía y a la democracia. Antidemocrático es eliminar de las formas de gobiernos de la universidad los consejos académicos, su composición y funciones (art. 68 y 69 de la Ley 30 vigente, art. 42 del proyecto).

Por otro lado, el gobierno insiste que la autonomía estaría garantizada, pero hay muchas dudas sobre la inspección y vigilancia propuestas en la reforma, habrá que mirar con lupa que se propone y cómo se pondría en práctica.

La calidad es un punto neurálgico en el debate sobre la modificación de la Ley de educación superior. El proyecto habla de “calidad”; asunto muy diferente al de excelencia, que la comunidad universitaria siempre ha reclamado para los conocimientos impartidos en la universidad: excelencia, universalidad y gratuidad han sido los ejes que han movilizado a miles de estudiantes y profesores por la defensa de una educación nacional, científica y al servicio del pueblo. Lo que el gobierno ofrece en el proyecto es la formación por competencias, la educación por ciclos, el acortamiento en la duración de las carreras, la formación técnica y tecnológica. Nada de conocimientos de excelencia: eso se lo deja al imperio del norte. Como diría Pablo Morillo: Colombia no necesita sabios. 

El proyecto de reforma a la ley 30/92 demuestra que el Gobierno de Santos es continuista y profundizador a ultranza del modelo neoliberal. Se mantiene la ruta privatizadora. A la manera como se actuó en el sector de la salud, viene la privatización a fondo de la educación superior, y este es el problema que la comunidad universitaria debe enfrentar.

Al parecer aunque el Pueblo camine para delante, el Gobierno camina para atrás.

Denuncian intención de privatizar universidades colombianas.

Muchas Verdades a Medias, Una Mentira Gigantesca.

El proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992 es nocivo, porque el estado esta desligando la función social que tiene con la educación y esta dándole rienda suelta al capital privado sobre las universidades.

Y es que existen motivos para decir que Santos mantiene la ruta privatizadora y antinacional de los últimos tiempos.

Sin embargo, el Gobierno dice que las universidades no se van a privatizar y que el capital privado no tendrá nada que ver en el precio de las matriculas. Lo que busca la reforma ha dicho la Ministra de Educación María Fernanda Campo, “es hacer que los mas de 3 millones 200 mil bachilleres que no han podido ingresar a la educación superior, tengan esa oportunidad ahora”.

El gobierno advirtió que los recursos son limitados, por eso, aliarse con la empresa privada es una alternativa. “hoy un empresario contrata servicios en la universidad, pero queremos que no solo contrate, sino que invierta capital para desarrollar proyectos específicos, que se meta la mano al bolsillo y genere innovación con las universidades (…) que ponga la plata, que venda servicios, desarrollen conocimientos y ojala ganen bastante” explico la Ministra de Educación María Fernanda Campo.

Acaso todas estas garantías al sector privado nacional y extranjero, sumado a los obstáculos para las universidades publicas, no siguen la ruta a la privatización? ¿Qué inversión privada no es privatización?

Esta reforma presenta muchas dudas frente a lo que realmente seria una solución al problema educativo del país, no es la reforma para resolver nada, podrá generar algún recurso adicional pero el ánimo de lucro de las empresas no compagina con la identidad de las universidades públicas.

Si bien el Gobierno ha dicho que aliarse con la empresa privada es una alternativa para solucionar el problema de carencia de recursos, por que obtaron por el capital privado nacional e internacional y no por otra solución? ¿Los recursos privados son la única salida? O es que con esta alternativa se pretende vender y negociar algo (educación) y “ganar bastante” (como dijo la Ministra de Educación María Fernanda Campo), prevaleciendo un interés general o particular/privado? En este aspecto la pregunta es ¿prevaleció el interés general en la formulación del proyecto de reforma?

¿En realidad esta inversión privada (privatización) es la alternativa adecuada para mejorar la educación y la sociedad colombianas que se requiere con urgencia?

EL PROYECTO DE REFORMA A LA LEY 30/92: La continuidad de la crisis de la Educación Superior Pública y las prerrogativas al capital privado.

¿Decepción? ¿Tristeza? O ¿rabia? No se con certeza que sentí con la actitud con que el presidente Juan Manuel Santos y la Ministra de Educación María Fernanda Campo presentaron el proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992. Entre sus razones expusieron que se trata de modernizar la educación colombiana, para ponerla a tono con las tendencias mundiales y con el desarrollo de las nuevas tecnologías. Lo que no dijeron es que la tendencia mundial es el neoliberalismo que predica la venta de cualquier servicio público, entre ellos la educación superior, y que para modernizar las universidades públicas en las nuevas tecnologías y tendencias educativas se requiere mucho dinero para inversión y modernización. Sobre aumentos de presupuesto para inversión y funcionamiento no dijeron nada. Se acomodaron a la tendencia en moda para urgir al capital privado nacional e internacional a que se tome el negocio de la educación a todo nivel, dado que no se les restringe en ningún aspecto. Promovieron el establecimiento de instituciones de educación superior con ánimo de lucro y la creación de entidades mixtas público-privadas, para sacar al sistema educativo colombiano del notorio atraso en que se encuentra.

Y es que evidentemente las universidades públicas se encuentran en una crisis profunda que el Gobierno Nacional se niega a reconocer y por ende a resolver.

Con este proyecto de reforma a la ley 30/92 se demuestra el facilismo extremo con el que el gobierno intenta renunciar a su responsabilidad de dirigir la educación y el futuro de los colombianos, descargándola sobre el sector privado, haciendo uso de los mecanismos menos eficientes y más fraudulentos, hace pensar en una renuncia deliberada a su responsabilidad de dirigir la política educativa. Una renuncia que parece compatible con la captura del estado por intereses privados, con su escaso margen de maniobra económica, y con las restricciones impuestas por la guerra, la deuda y el pasivo pensional. Quizás en la renuncia del gobierno a aprovechar la oportunidad de transformar todo el sistema educativo para avanzar hacia la innovación y la igualdad, hay una fractura más profunda del estado colombiano. Un estado prisionero de intereses privados, sin control sobre sus recursos, y restringido por políticas mezquinas y suicidas no puede dirigir los procesos de cambio que la educación y la sociedad colombianas requieren con urgencia.

El problema planteado por la reforma es real: la cobertura actual de la educación superior reproduce y profundiza la desigualdad. Pero la solución elegida es la peor entre muchas disponibles. Hará más fuerte la desigualdad, transferirá recursos públicos a manos privadas, aumentará una corrupción ya de por sí desbordada, dejará endeudados a centenares de miles de jóvenes y a sus familias, y alejará aún más al país de la educación de calidad requerida para la innovación y el desarrollo. Una propuesta seria pasa por reformar el conjunto del sistema educativo, empezando por la primaria y la secundaria, aumentar la inversión en ciencia y tecnología y llevar la mejor educación posible a los más pobres y vulnerables, incluyendo la creación de nuevas universidades públicas. Para lograrlo se requeriría de una fuerte inversión estatal y de un cambio radical en las prioridades del gobierno y de la sociedad.