¿Decepción? ¿Tristeza? O ¿rabia? No se con certeza que sentí con la actitud con que el presidente Juan Manuel Santos y la Ministra de Educación María Fernanda Campo presentaron el proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992. Entre sus razones expusieron que se trata de modernizar la educación colombiana, para ponerla a tono con las tendencias mundiales y con el desarrollo de las nuevas tecnologías. Lo que no dijeron es que la tendencia mundial es el neoliberalismo que predica la venta de cualquier servicio público, entre ellos la educación superior, y que para modernizar las universidades públicas en las nuevas tecnologías y tendencias educativas se requiere mucho dinero para inversión y modernización. Sobre aumentos de presupuesto para inversión y funcionamiento no dijeron nada. Se acomodaron a la tendencia en moda para urgir al capital privado nacional e internacional a que se tome el negocio de la educación a todo nivel, dado que no se les restringe en ningún aspecto. Promovieron el establecimiento de instituciones de educación superior con ánimo de lucro y la creación de entidades mixtas público-privadas, para sacar al sistema educativo colombiano del notorio atraso en que se encuentra.
Y es que evidentemente las universidades públicas se encuentran en una crisis profunda que el Gobierno Nacional se niega a reconocer y por ende a resolver.
Con este proyecto de reforma a la ley 30/92 se demuestra el facilismo extremo con el que el gobierno intenta renunciar a su responsabilidad de dirigir la educación y el futuro de los colombianos, descargándola sobre el sector privado, haciendo uso de los mecanismos menos eficientes y más fraudulentos, hace pensar en una renuncia deliberada a su responsabilidad de dirigir la política educativa. Una renuncia que parece compatible con la captura del estado por intereses privados, con su escaso margen de maniobra económica, y con las restricciones impuestas por la guerra, la deuda y el pasivo pensional. Quizás en la renuncia del gobierno a aprovechar la oportunidad de transformar todo el sistema educativo para avanzar hacia la innovación y la igualdad, hay una fractura más profunda del estado colombiano. Un estado prisionero de intereses privados, sin control sobre sus recursos, y restringido por políticas mezquinas y suicidas no puede dirigir los procesos de cambio que la educación y la sociedad colombianas requieren con urgencia.
El problema planteado por la reforma es real: la cobertura actual de la educación superior reproduce y profundiza la desigualdad. Pero la solución elegida es la peor entre muchas disponibles. Hará más fuerte la desigualdad, transferirá recursos públicos a manos privadas, aumentará una corrupción ya de por sí desbordada, dejará endeudados a centenares de miles de jóvenes y a sus familias, y alejará aún más al país de la educación de calidad requerida para la innovación y el desarrollo. Una propuesta seria pasa por reformar el conjunto del sistema educativo, empezando por la primaria y la secundaria, aumentar la inversión en ciencia y tecnología y llevar la mejor educación posible a los más pobres y vulnerables, incluyendo la creación de nuevas universidades públicas. Para lograrlo se requeriría de una fuerte inversión estatal y de un cambio radical en las prioridades del gobierno y de la sociedad.
Ya esta claro que el pueblo (el que piensa) se ha levantado, los jovenes etsan en pie de lucha y no cesaran en su empeño de mejor educacion con acceso universal y gratuito, como debe ser, esto sumado a los empleados de todo tipo, docentes y mas de ese medio pais que no es ni uribista ni menos santista...y que sueña con verdaderas locomotras de desarrollo no de destruccion!
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