Muchas Verdades a Medias, Una Mentira Gigantesca.

El proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992 es nocivo, porque el estado esta desligando la función social que tiene con la educación y esta dándole rienda suelta al capital privado sobre las universidades.

Y es que existen motivos para decir que Santos mantiene la ruta privatizadora y antinacional de los últimos tiempos.

Sin embargo, el Gobierno dice que las universidades no se van a privatizar y que el capital privado no tendrá nada que ver en el precio de las matriculas. Lo que busca la reforma ha dicho la Ministra de Educación María Fernanda Campo, “es hacer que los mas de 3 millones 200 mil bachilleres que no han podido ingresar a la educación superior, tengan esa oportunidad ahora”.

El gobierno advirtió que los recursos son limitados, por eso, aliarse con la empresa privada es una alternativa. “hoy un empresario contrata servicios en la universidad, pero queremos que no solo contrate, sino que invierta capital para desarrollar proyectos específicos, que se meta la mano al bolsillo y genere innovación con las universidades (…) que ponga la plata, que venda servicios, desarrollen conocimientos y ojala ganen bastante” explico la Ministra de Educación María Fernanda Campo.

Acaso todas estas garantías al sector privado nacional y extranjero, sumado a los obstáculos para las universidades publicas, no siguen la ruta a la privatización? ¿Qué inversión privada no es privatización?

Esta reforma presenta muchas dudas frente a lo que realmente seria una solución al problema educativo del país, no es la reforma para resolver nada, podrá generar algún recurso adicional pero el ánimo de lucro de las empresas no compagina con la identidad de las universidades públicas.

Si bien el Gobierno ha dicho que aliarse con la empresa privada es una alternativa para solucionar el problema de carencia de recursos, por que obtaron por el capital privado nacional e internacional y no por otra solución? ¿Los recursos privados son la única salida? O es que con esta alternativa se pretende vender y negociar algo (educación) y “ganar bastante” (como dijo la Ministra de Educación María Fernanda Campo), prevaleciendo un interés general o particular/privado? En este aspecto la pregunta es ¿prevaleció el interés general en la formulación del proyecto de reforma?

¿En realidad esta inversión privada (privatización) es la alternativa adecuada para mejorar la educación y la sociedad colombianas que se requiere con urgencia?